Demanda de Pensión de Invalidez en Bogotá

Demanda de Pensión de Invalidez en Bogotá

La pensión de invalidez es un reconocimiento destinado a amparar a los trabajadores que han perdido capacidad laboral por enfermedad o accidente. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, se reputa inválida la persona que, habiendo perdido capacidad laboral, sufre una merma de su capacidad de trabajo y de ganancia no menor al 50%. El trámite comienza con una valoración de una Junta Regional de Calificación de Invalidez (en Bogotá, adscrita al SENA o a la ARL si el origen es laboral), que determina el porcentaje de pérdida de capacidad. Si la Junta concluye que tienes una incapacidad del 50% o más y cumples los demás requisitos (haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años, estar afiliado), te asiste el derecho a pensión de invalidez. No obstante, muchas juntas de calificación en Bogotá han denegado pensiones que, a nuestro criterio, deberían reconocerse, ya sea porque restan importancia al impacto funcional de la enfermedad o porque emplean criterios demasiado restrictivos. Nuestra labor radica en controvertir esas decisiones, aportar peritajes médicos adicionales y lograr que tu incapacidad se reconozca como debe ser.

El porcentaje de incapacidad es el factor determinante. Una pérdida de capacidad del 49.99% no da derecho a pensión; del 50% en adelante, sí. Hemos visto casos en que un afiliado muestra claras limitaciones funcionales (no puede estar de pie 6 horas, padece episodios de dolor intenso, consume varios medicamentos con efectos secundarios), pero la Junta de Calificación le otorga una incapacidad del 45%. Frente a esto, demandamos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando amparo de derechos. Nuestro argumento se sustenta en: peritajes médicos especializados que refutan la evaluación de la Junta, informes de médicos tratantes que dejan constancia de la gravedad de la enfermedad, antecedentes laborales del afiliado que demuestran la imposibilidad de reanudar su trabajo anterior y el estudio de la jurisprudencia sobre qué constituye una incapacidad del 50% o más. En Bogotá, los tribunales administrativos se han mostrado receptivos cuando aportamos un peritaje sólido que acredita el error de la Junta original.

Existen diferentes clases de pensión de invalidez según el origen del daño. La invalidez de origen común surge de una enfermedad o accidente sin relación con el trabajo. La invalidez de origen laboral resulta de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Las pensiones de origen laboral traen ventajas: las cubre la ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales), tienen tasas de reemplazo superiores y el trámite es más rápido. En Bogotá, muchos trabajadores de sectores de alto riesgo (construcción, transportes, manufactura) poseen derechos de invalidez de origen laboral que no les han sido reconocidos. Si tienes prueba de que tu enfermedad o lesión la originó tu trabajo, tramitamos el reconocimiento ante la ARL y eludimos el proceso más lento ante Colpensiones o los fondos de pensiones. El requisito de 50 semanas en los últimos 3 años también cuenta: se debe acreditar que en los 3 años anteriores a radicar la solicitud de invalidez cotizaste al menos 50 semanas. Si trabajaste pero esos períodos no fueron reportados, demandamos para que se reconozcan, lo que posibilita cumplir el requisito.

La estructuración de la invalidez es un concepto que muchas ARL y administradoras tergiversan. Hace referencia a la estabilización de la incapacidad: una vez certificada una incapacidad temporal (entre 180 y 1,800 días), se "estructura", esto es, se establece si será temporal o permanente. Hemos visto casos en que una ARL intenta estructurar una incapacidad como temporal para evadir la pensión de invalidez. Controvertimos estas decisiones sosteniendo que la evolución del paciente, los diagnósticos médicos y la ausencia de la recuperación esperada indican que la incapacidad es permanente. El trámite ante los juzgados contencioso-administrativos de Bogotá en estos casos es riguroso, pero favorable cuando cuentas con prueba clara. Una sentencia favorable en Bogotá puede reconocer una incapacidad del 70-80% cuando la Junta original solo había certificado 40%, lo que incrementa notablemente la pensión. En casos de pensión de invalidez reconocida por demanda, los pagos retroactivos pueden ubicarse entre 30 y 100 millones de pesos según el tiempo transcurrido entre la incapacidad y el reconocimiento.

Nuestro enfoque en Bogotá es multidisciplinario. Además de la asesoría legal, trabajamos de la mano con médicos especialistas para que efectúen evaluaciones forenses que cuestionen las conclusiones de la Junta de Calificación. Estos peritajes médicos son determinantes: un médico experto en la patología específica del afiliado (neurología para secuelas de accidente cerebrovascular, reumatología para artritis, oftalmología para problemas visuales, etc.) puede advertir limitaciones funcionales que la Junta omitió. De igual manera, analizamos la jurisprudencia de los Tribunales Administrativos y la Corte Constitucional sobre casos análogos, ubicando sentencias en las que se han reconocido pensiones de invalidez en situaciones semejantes. Todo esto lo radicamos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una demanda sólida. El proceso tarda, en promedio, 2-3 años, pero una vez reconocida la pensión, los pagos son elevados y se hacen de manera retroactiva. Hemos visto casos en que un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa hace 8 años, rechazado por la Junta de Calificación, demandó y, tras 3 años de proceso, el tribunal reconoció su invalidez con un pago retroactivo de 40 millones de pesos.